El Gobierno de Javier Milei busca reducir el impacto político del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras intenta que tanto la investigación judicial como el debate parlamentario pierdan fuerza. Para ello, le quitó funciones, postergó su interpelación en el Congreso y evitó una sesión del Senado que podía derivar en un fuerte desgaste político. La estrategia contó, de manera indirecta, con la colaboración de sectores de la oposición y gobernadores aliados, que prefieren que sea el propio Presidente quien resuelva el futuro de Adorni.
En paralelo, la causa judicial continúa avanzando, aunque con menor velocidad. El fiscal Gerardo Pollicita prepara un requerimiento para que Adorni justifique el origen y el crecimiento de su patrimonio, y luego podría citarlo a declaración indagatoria si las explicaciones no resultan satisfactorias.
Al mismo tiempo, el Gobierno intenta trasladar la atención hacia la economía, donde los indicadores muestran señales mixtas. La inflación de junio se ubicaría entre el 1,9% y el 2%, el PBI creció 2,3% en el primer trimestre, aumentaron el consumo, las exportaciones y el salario real de los trabajadores registrados, y el riesgo país cayó a uno de sus niveles más bajos de los últimos años. Sin embargo, la inversión retrocedió 11,6%, lo que genera dudas sobre la capacidad de atraer nuevos capitales, mientras que el dólar subió cerca de un 5% en junio, aunque el Banco Central interviene para evitar una escalada que impacte en los precios. El consumo masivo continúa débil, aunque algunos indicadores muestran una leve recuperación.
En síntesis, el Gobierno logró ganar tiempo para contener la crisis política en torno a Adorni, pero el caso sigue abierto tanto en la Justicia como en el Congreso. A la vez, apuesta a que la mejora de los principales indicadores macroeconómicos sostenga la confianza, aunque la evolución de la inversión y del dólar continúa siendo uno de los principales desafíos.
